Escrito por La CNSE (Confederación Estatal de Personas Sordas) ha presentado una Guía de Buenas Prácticas en la Atención Sociosanitaria de Personas Mayores Sordas en Residencias, que ha tenido lugar en la sede del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, conocido como IMSERSO.
Dicha presentación ha contado con la presencia de Roberto Suárez, presidente del CNSE, Antonio Balbontín, secretario general del IMSERSO, y Francisca García Vizcaíno, directora de Desarrollo Interno de Fundación ONCE.
Una herramienta de justicia social
El presidente de la CNSE ha destacado que la publicación de esta guía representa un acto de justicia para un colectivo históricamente invisibilizado y sistemáticamente ignorado por las políticas públicas. «Lo que reclaman no es compasión, sino dignidad, presencia y participación. Y eso es exactamente lo que garantiza este recurso que hoy damos a conocer», asegura.
Roberto Suárez ha aprovechado dicho evento para denunciar la situación de aislamiento que sufre la población mayor sorda. Una cuestión estructural que en su opinión requiere de respuestas urgentes por parte de las administraciones. «No podemos seguir consintiendo que una persona mayor sorda entre en una residencia y sienta que el mundo se le vuelve ajeno, que su lengua no existe, y que sus vivencias y recuerdos no tienen eco», afirma.
Finalmente, ha indicado que la falta de accesibilidad comunicativa no solo afecta a la calidad de vida de estos mayores, sino que vulnera derechos fundamentales como el derecho a participar activamente en las decisiones sobre su propia vida, a mantener su identidad lingüística y cultura y a relacionarse con su entorno. Por ello, asegura que «las residencias deben ser espacios de cuidado, pero también de pertenencia. Y sin accesibilidad, no hay pertenencia posible».
Recomendaciones para una atención accesible e inclusiva
La guía presentada constituye una respuesta directa a las múltiples barreras a las que se enfrentan las personas mayores sordas en el entorno residencial, especialmente en lo que respecta al acceso a la información, la comunicación y la participación comunitaria. Surge, de hecho, al amparo del Real Decreto 674/2023, que establece un modelo de atención centrado en la persona y en la accesibilidad universal, y que reconoce de forma específica las necesidades de las personas sordas en los servicios sociales y sanitarios.
Así, el documento recoge una serie de recomendaciones prácticas destinadas a residencias y profesionales del ámbito sociosanitario, que van desde la formación del personal en lengua de signos y cultura sorda, hasta la adaptación del entorno físico con señalética visual, sistemas de alarma luminosos, y espacios que favorezcan el contacto visual.
También aborda la importancia de garantizar el derecho a una comunicación efectiva mediante la incorporación de intérpretes, mediadores y tecnologías ya contrastadas como el servicio de videointerpretación SVIsual o el servicio de videoasistencia y acompañamiento VidAsor, y promueve la celebración de fechas significativas para la comunidad sorda, el diseño de actividades inclusivas y el mantenimiento de vínculos con asociaciones locales.
Participación de las personas mayores sordas
Susana Obiang, responsable de introducir el contenido técnico de la guía, ha señalado que el proceso de elaboración ha contado con la participación directa de personas mayores sordas que compartieron sus vivencias, preocupaciones y propuestas. Algunas de esas voces se han recogido en forma de testimonios que, como se destacó en el acto, «revelan su deseo profundo de ser vistas, de no ser relegadas a la soledad ni al silencio».
En palabras de Obiang, «una persona sorda no deja de serlo al envejecer. Pero muchas veces, al llegar a una residencia, se convierte en invisible. Esta guía dice: basta. Merecen entornos donde no se pierda el derecho a comunicarse, a recordar, a compartir».
El acto ha concluido con un espacio de intercambio con personas mayores sordas, que ven en esta guía promovida por la CNSE con el respaldo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y Fundación ONCE, una herramienta para la defensa de sus derechos, que «representa un modelo de atención que no solo reconoce la diferencia, sino que la valora como parte esencial de una sociedad más justa e inclusiva».