Escrito por El Consejo de Ministros del Gobierno de España ha aprobado este martes 27 de mayo de 2025 un nuevo Real Decreto que afecta a la modalidad de jubilación anticipada. En concreto, se establece un nuevo procedimiento para regular la jubilación anticipada en actividades consideradas como penosas o peligrosas, a través de la aplicación de coeficientes reductores.
La nueva regulación establece una serie de criterios para adelantar la edad de jubilación en personas que lleven a cabo una actividad laboral de naturaleza excepcionalmente insalubre, penosa o peligrosa. Todo ello, basado en indicadores objetivos.
Nueva regulación para la jubilación anticipada en actividades penosas
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha salido a rueda de prensa a valorar este Real Decreto para regular la jubilación anticipada de trabajadores que desarrollan actividades laborales penosas o peligrosas.
El #CMin ha aprobado el procedimiento que va a permitir adelantar la jubilación en actividades penosas y peligrosas, siempre que no sea posible mejorar las condiciones laborales.
— Elma Saiz (@SaizElma) May 27, 2025
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El sistema tiene que amparar a estos colectivos, porque no todos los trabajos son iguales. Al respecto, Elma Saiz comenta que «sabemos que hay trabajos de especial dureza y otros que se hacen especialmente duros en los años últimos de vida laboral. No es sólo una intuición, los datos avalan que hay actividades con mayor siniestralidad y, en particular, hay actividades con más accidentes de trabajo y con más enfermedades profesionales asociadas».
Con todo ello, este nuevo Real Decreto establece de manera más exhaustiva la naturaleza de las actividades profesionales que pueden dar lugar a la aplicación de los coeficientes reductores para adelantar la jubilación. Así, estos son algunos de los criterios en los que se basa la nueva regulación de la Seguridad Social:
- Exposición a temperaturas extremas, ruido o vibraciones.
- Uso permanente de la fuerza física.
- Exposición a agentes físicos, químicos o biológicos.
Respecto a la peligrosidad, el marco regulador aprobado por el Consejo de Ministros contempla actividades susceptibles de ocasionar un accidente de trabajo o enfermedad profesional al trabajador con un mayor grado de incidencia o frecuencia en comparación con otras actividades laborales.
Para la aplicación de coeficientes reductores se tomarán como referencia indicadores objetivos
Desde la Seguridad Social aseguran que para determinar la aplicación de coeficientes reductores para anticipar la edad de jubilación se utilizarán los siguientes indicadores objetivos:
- Incidencia del número total de procesos de incapacidad temporal del colectivo de trabajadores. Es decir, el número de bajas laborales que se producen en una determinada profesión laboral.
- Incidencia de sucesos graves. En este caso se mide el número total de fallecimientos y reconocimientos de incapacidad permanente en el grupo profesional, en relación al número total de trabajadores del mismo colectivo.
- Indicador de duración media para medir el número total de días de procesos de incapacidad temporal en relación al conjunto de procesos de bajas laborales.
Otro aspecto que aclaran desde la Seguridad Social es que el procedimiento previo para determinar los coeficientes reductores de la edad de jubilación no tendrá efectos en trabajadores que ya disfruten de este anticipo. Hablamos de trabajadores del mar, personal de vuelo o mineros, entre otros.
Es decir, el nuevo marco para regular los coeficientes reductores para anticipar la edad de jubilación solamente tendrá validez para nuevos colectivos, sectores o actividades profesionales que actualmente no disponen de esta posibilidad.
Además, la aplicación de los coeficientes reductores implicará un aumento en la cotización a la Seguridad Social para ese colectivo. Un incremento que se establecerá cada año en los Presupuestos Generales del Estado.
En cualquier caso, la solicitud para iniciar el procedimiento de aplicación de estos coeficientes reductores en una determinada profesión siempre debe partir desde organizaciones empresariales, sindicales o de autónomos de manera conjunta. Igualmente, en casos específicos también podrán iniciarse desde las administraciones públicas.
Finalmente, Elma Saiz ha concluído que «el sistema debe ser lo suficientemente flexible como para proteger a todos estos colectivos. No olvidemos que la solidaridad es uno de los principios rectores de nuestro sistema de pensiones y el Pacto de Toledo, que este 2025 cumple 30 años, lo recuerda en sus recomendaciones».