Escrito por La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) ha presentado un análisis sobre la situación actual del Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD) en Andalucía. Los datos dejan claro que existe una crisis sin precedentes que ha costado la vida a 54.785 personas que fallecieron esperando recibir atención entre 2017 y junio de 2025.
Recientemente, la Junta de Andalucía ha informado de que destina más del doble de fondos que el Gobierno de España para la financiación de la dependencia. Es por ello que reclama al Ministerio de Hacienda la firma del mismo convenio por el que abonará al País Vasco el 50% de la dependencia y que niega a Andalucía. Una pelea entre el Gobierno de la CCAA y el central que solo tiene un perjudicado: las personas en situación de dependencia.
3.360 personas han fallecido en lista de espera a la dependencia en Andalucía en 2025
Desde la FOAM, tras consultar los datos facilitados por el IMSERSO, se habla de una «tragedia humana inaceptable», ya que cada día mueren en Andalucía personas sin haber sido valoradas ni atendidas. Esto, como señalan desde la federación es «una clara vulneración de sus derechos fundamentales». Y es que, solo en los primeros 6 meses de 2025 han fallecido 3.360 personas en lista de espera, lo que proyecta un total anual de 6.720 fallecidos si se mantiene la tendencia actual.
Además, señala que «no podemos seguir aceptando que miles de muertes sean el trágico resultado de la falta de atención cada año. Estamos ante una emergencia social que requiere medidas inmediatas y contundentes por parte de todas las administraciones implicadas».
Andalucía, a la cola de España en eficiencia
La FOAM ha revelado una serie de indicadores sobre la gestión de la dependencia, entre los que destaca:
- 574 días de tiempo medio de espera: segundo peor de España
- 483 días para resolver el grado de dependencia: el peor tiempo de todas las comunidades autónomas
- Única comunidad donde empeoran los tiempos de resolución inicial (+146 días desde 2020)
- Pérdida sistemática de peso relativo: del 22,4% al 19,0% en solicitudes respecto al total nacional
Si comparamos los datos con otras Comunidades Autónomas, el País Vasco resuelve la solicitud de un expediente en 129 días y Castilla y León en 113 días, Andalucía necesita 574 días, más de 19 meses para una gestión que debería completarse en máximo 6 meses según la legislación vigente.
Desde la federación han señalado que en Andalucía se está produciendo un «incumplimiento sistemático de las obligaciones de financiación». Y es que el Estado solo aporta el 34,90% frente al 50% que establece la ley. Andalucía, por su parte, invierte 246,60 euros por habitante, 21,42 euros menos que la media nacional.
A esto hay que añadirle que solo 7.135,57 euros por persona dependiente, ocupando el puesto 16º de 17 comunidades, y encima, España solo invierte el 0,8% del PIB frente al 1,8% de la media europea.
«La infrafinanciación crónica del sistema es la causa raíz de todos los problemas. Mientras España invierte menos de la mitad que la media europea y el Estado incumple sus obligaciones legales, las personas dependientes y sus familias pagan las consecuencias con su vida y su dignidad», aseguran.
Las soluciones que ofrece la FOAM
Ante esta situación, desde la FOAM han solicitado acciones inmediatas en tres ámbitos:
- Revolución en la financiación:
- Aumento inmediato al 2% del PIB en inversión en dependencia
- Cumplimiento de la financiación estatal del 50% según marca la ley
- Eliminación de copagos ilegales siguiendo la sentencia del Tribunal Supremo
- Plan de choque en gestión:
- Reducir los 483 días a 250 días en resolución de grado en 24 meses
- Digitalización completa de procesos siguiendo el modelo del País Vasco
- Reorganización administrativa para optimizar la tramitación
- Compromiso Político Real
- Plan de emergencia social con medidas urgentes
- Monitoreo público mensual de todos los indicadores
- Transparencia total en la gestión del sistema
Y es que existen ejemplos a nivel nacional en los que mirarse, como es el caso del País Vasco, que ha conseguido reducir el tiempo total de 146 a 129 días mediante procesos digitalizados y gestión integrada. Por su parte Aragón, redujo tiempo de resolución de grado de 206 a 134 días (-35%) tras una reforma procedimental en 2021-2022.